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1- Democracia participativa:

Debemos desconcentrar, descentralizar y democratizar el poder. Abandonar el hiper-presidencialismo avanzando hacia otras formas de gobierno más inclusivas y con mejor equilibrio de poderes. Necesitamos ir más allá del voto y avanzar en derechos de participación, diseñando espacios, dispositivos y mecanismos para todos los ciudadanos y ciudadanas, con el objeto de incidir efectivamente en el devenir democrático del país. Queremos incluir mecanismos de control social como referendos revocatorios, y de democratización: iniciativa popular de ley, plebiscitos, presupuestos participativos locales, entre otros. Además, proponemos paridad en todos los espacios públicos y privados de poder.

 

2- Vejez digna:

 

Proponemos un modelo universal de pensiones que abandone la lógica del lucro para pasar a un sistema de reparto, que se base en una lógica de derechos, de carácter solidario y tripartito y que nos entregue seguridad en nuestra vejez, garantizando que las prestaciones de nuestro sistema previsional sean suficientes para una vida digna.

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3- Derecho a la vivienda digna:

 

Queremos que se garantice el derecho a la vivienda con acceso a servicios básicos y que esté integrada a escala de barrio, ciudad y territorio. Es importante habilitar al Estado para desarrollar políticas de manejo de suelos y una política de control del mercado de suelo, que estén condicionadas a las necesidades colectivas, para evitar la especulación a gran escala, la segregación y la carencia de terrenos disponibles.

 

4- Sistema Nacional de Educación Pública:

 

Buscamos fortalecer la educación estatal en todos los niveles educativos, para que ésta amplíe su cobertura, sin límite de edad, y asegure una educación gratuita, inclusiva, accesible y de calidad. Proponemos que la libertad de enseñanza se entienda como la libertad de determinación de las comunidades respecto al desarrollo educativo, bajo un marco democrático y no sexista.

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5- Sistema Nacional de salud: 

 

Proponemos que sea financiado por cotizaciones previsionales y un aporte fiscal directo que surja de impuestos redistributivos. Este sistema será universal y gratuito. La protección del derecho a la salud deberá implicar el derecho al cuidado sanitario como la mejor forma de asegurar la protección efectiva de la salud (preventiva, curativa y de rehabilitación), considerando especialmente a la salud mental.

 

6- Sistema Nacional de Cuidados: 

 

El derecho a los cuidados es un eje fundamental en la organización social y permite la sostenibilidad de la vida. Este trabajo de cuidados comprende labores de sostenimiento de la vida, domésticas y de acompañamiento en relaciones interdependientes, debe ser reconocido, remunerado, redistribuido en condiciones de reciprocidad entre el Estado, la ciudadanía y las familias, conformando sistemas de cuidado universales y efectivos.

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7- Derechos sexuales y reproductivos:

 

Es el mínimo para el desarrollo integral e igualitario de las personas y grupos sociales. Estos derechos contemplan: el aborto gratuito y seguro, la información, la educación sexual integral en todos los niveles educativos, los métodos y las prestaciones necesarias para que toda persona pueda decidir libremente sobre su identidad, orientación, planificación familiar y el intervalo entre nacimientos.

 

8- Las Niños, Niñas y Adolescentes son sujetos de derecho:

 

Necesitamos ampliar la idea de ciudadanía hacia un concepto más integrador y reconocer explícitamente a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, con participación plena en todos los asuntos de interés público, partiendo, en primer lugar, por la ampliación del padrón electoral, reduciendo la edad mínima para votar.

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9- Reconocimiento constitucional de las Personas con Discapacidad:

 

Buscamos superar el modelo de sustitución de voluntad a uno que ponga al centro la autonomía de las personas en situación de discapacidad. Además, promoveremos el reconocimiento constitucional de la Lengua de Señas Chilena (LSCh) y el braille como lengua/idioma de la comunidad sorda.

 

10- Reconocer constitucionalmente el derecho a migrar:

 

Resulta urgente asegurar garantías constitucionales a las personas migrantes como el acceso a derechos sociales y el reconocimiento de tratados internacionales en materia de DDHH de manera vinculante. En cuanto a los derechos políticos, proponemos ampliar el reconocimiento de la ciudadanía vinculándola a la residencia.

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11- Pueblos originarios:

 

Reconocimiento a los pueblos originarios como naciones con autodeterminación dentro de un Estado plurinacional y con derecho a la participación en las instancias de representación nacional. Hay que dotarlos del derecho a un desarrollo de acuerdo a sus cosmovisiones, reconociéndoles, además,  constitucionalmente sus derechos territoriales y a bienes comunes naturales. Además, buscamos reconocer la interculturalidad del pueblo chileno y la incorporación de las lenguas indígenas como lenguas oficiales.

 

 

12- Derechos culturales:

 

 

El Estado debe garantizar un acceso igualitario a las prácticas culturales y la participación de las artes. A su vez, debe garantizar el respeto, cuidado y resguardo de la diversidad cultural y los diferentes modos de vida. La cultura debe ser considerada un bien común, fundamental para el desarrollo humano, la cohesión social y el desarrollo personal. Lo anterior, implica identificar y garantizar los derechos culturales en forma explícita, y al mismo tiempo dejar instaladas las herramientas jurídicas que colaboren en diseñar instrumentos legales para su ejecución. La creación cultural, intelectual y artística debe ser considerada como un derecho humano y, como tal, es deber del Estado promover su protección y libre ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

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13- La naturaleza como sujeto de derecho:

 

Que el resguardo de un medioambiente sano y el buen vivir en armonía con la naturaleza sea un principio transversal en toda la Constitución, en concordancia con la comunidad internacional, para abordar desafíos cruciales para la humanidad como el cambio climático. El Estado debe actuar bajo los principios de solidaridad intra e intergeneracional, con enfoque precautorio y justicia ambiental y equidad territorial.

 

14- El agua como bien nacional de uso público:

 

Creemos que el agua es un derecho humano y un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, y gestionado de acuerdo con las comunidades, para dar sustento a las cuencas ecológicas e impedir su sobreexplotación. Se debe priorizar el consumo humano y ecológico por sobre el uso industrial a gran escala, asegurando su calidad, saneamiento, acceso y resguardando los caudales ecológicos mínimos.

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